El 3 de mayo de 2012 quedará inscripto en los anales de la historia reciente de los argentinos, como un hito destacado de sus luchas por la liberación nacional y social. Este día se sancionó la ley 26.741 siendo su parte dispositiva una contundente afirmación de soberanía nacional sobre la fuente energética más importante que dispone el país como lo es el petróleo. Por Manuel Reyes
Comienza a cerrarse así una ignominiosa etapa en la existencia de esta emblemática empresa del Estado Nacional que, a noventa años de su creación, carga con una dramática historia de avances y retrocesos muy similares a la de nuestra patria. Es sin dudas uno de los más importantes hechos producidos por el gobierno nacional y popular en su tercer mandato, y cobra honda significación por su magnitud tanto política como económica, ratificando el rumbo iniciado el 25 de Mayo del 2003, primero con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández de Kirchner.
Es conveniente traer a la memoria que esta empresa fue creada para suministrar la energía requerida para el desarrollo y crecimiento del país, en la época que debían importarse pagando precios fijados abusivamente por las empresas petroleras inglesas y estadounidenses que la proveían, y estar sometidos al arbitrio humillante determinado por los intereses de los sectores y países dominantes que consideraban a la Argentina como mera neo colonia agro pastoril.
Muy lejos de ese tiempo, en la actualidad y hasta la aprobación de la nueva ley 26.741 y su puesta en vigor, nuestro país estuvo a merced de la empresa Repsol que no cumplió obligaciones fundamentales para mantener y acrecentar la extracción petrolera y la producción de combustibles, poniendo en práctica una política empresaria absolutamente contraria a los intereses del país. Esa política desabasteció de combustibles que utiliza la actividad productiva ante lo cual el gobierno debió necesariamente invertir cuantiosos recursos económicos del estado nacional para satisfacer la creciente demanda producida por la reindustrialización y el incremento de la actividad productiva y la vida de los argentinos.
En tal sentido, cuánta razón tenía el General Enrique Mosconi al afirmar: “Las perturbaciones morales que la explotación de los yacimientos de petróleo han provocado en México y Colombia son semejantes a las que se han producido en Venezuela, Perú, Estados Unidos y en nuestro propio país. La lucha por el acaparamiento de las fuentes de combustibles líquidos es tanto más violenta cuanta mayor riqueza evidencian….,” y agregaba: “No somos ni podemos ser enemigos del capital extranjero, pero preferimos, sin la menor vacilación, que aquellas actividades de características tan especiales como la explotación petrolera sean reservadas, en absoluto, al capital netamente argentino.” Esta premisa, tantas veces desvirtuada, ha sido rescatada y está presente en la decisión de recuperar el control y la administración de YPF.
A este primer paso fundamental en lo institucional, jurídico y operativo, debe seguir la materialización de lo instituido en el artículo 1° de la ley: “… el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, y su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.”.
Para ello será condición insoslayable contar con una política de Estado cuyos principios están establecidos en los ocho puntos del artículo 3° de la misma ley.
Si se tiene en cuenta que para alcanzar el pleno desarrollo económico de la República Argentina y que éste sea sustento esencial para la equidad social, es indispensable afianzar su independencia económica.
Eso se logra poniendo bajo el control y conducción del Estado resortes básicos de la economía, como son las empresas energéticas. De ellas YPF es estratégica y económicamente de gran importancia.
Su recuperación constituye en la práctica la renacionalización del petróleo, con todas sus implicancias y efectos positivos. Volvemos a ser un país petrolero.
Desde esa posición y potencialidad se abre la posibilidad cierta y tangible de propiciar y ser parte, junto con los países con quienes compartimos el proyecto de la Gran Nación Latinoamericana, de reunirnos en una asociación de países petroleros para actuar en bloque frente a los países que hegemonizan el poder mundial de una economía globalizada.
Recuperar YPF significa para la República Argentina, en la hora actual signada por el derrumbe del neoliberalismo de capitalismo salvaje y en el marco de las relaciones comerciales internacionales azotadas por la crisis, recuperar poder y ejercerlo desde nuestra identidad nacional y latinoamericana, para preservar los intereses de la Nación y del pueblo argentino y dotar de fortaleza al Proyecto Nacional y Popular y seguir avanzando hacia consolidación de la Patria Libre, Justa y Soberana.
Desde nuestra pertenencia al Movimiento Obrero Argentino sentimos que estamos asistiendo a un tiempo de cambios que marcarán a fuego el futuro de la actual generación y las que nos sucederán en los próximos decenios. Esos cambios están dando vuelta una historia de frustraciones y decadencia, y son el resultado de un gobierno que ha asumido y ejecuta los postulados de ese proyecto nacional y popular, forjado desde las entrañas mismas de un pueblo sin incógnitas sobre su destino y con la certeza de lo que quiere ser y de la sociedad en la quiere vivir. Uno de esos cambios está representado en el por qué YPF vuelve a ser de y para los argentinos.
